La cloaca está destapada, el ADN racial en Estados Unidos se ha activado políticamente para sellar un clima de máxima tensión previo a la jornada electoral del 6 de noviembre. En estas elecciones intermedias se juega la totalidad de la Cámara Representantes, un tercio del Senado, 36 gubernaturas –más tres territorios- y la renovación de varios congresos estatales y locales, una jornada que también será de alto calibre para México, América Latina y el mundo.

Alrededor de estas elecciones se abren una serie de interrogantes. Una de las más inquietantes es ¿cómo se verá afectada la matemática electoral después de la caravana migrante, el envío de artefactos explosivos a líderes destacados del Partido Demócrata y la masacre de Pittsburg, considerada el peor ataque antisemita de las últimas décadas en Estados Unidos? A esta lista de desafortunados eventos debemos añadir la decisión reciente de Donald Trump de desplegar tropas estadounidenses en la frontera con México, pese a que por ley se les prohíbe detener a migrantes y desarrollar tareas policiales.

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Brasil está en ascuas por el juicio de las urnas y el mundo también. El posible regreso de los militares al poder -vía el voto popular- dotaría de legitimidad a la incivilidad política y al retroceso de las libertades fundamentales en un momento donde las propuestas irracionales, violentas y ofensivas ganan adeptos en el teatro de la política internacional, pero ¿qué está sucediendo al interior del gigante sudamericano que pone a temblar la democracia latinoamericana y favorece el auge de las fuerzas nacionalistas, autoritarias y disgregadoras de la globalización al tiempo de abrirle la puerta al músculo fascista?

Bajo la reconfiguración de un mundo multipolar, Brasil toma relevancia como un nodo geopolítico especial. Se trata de la cuarta democracia más grande del mundo después de India, Estados Unidos e Indonesia, la primera economía de América Latina y un país integrante del G20 y del grupo BRICS, aunado a su aspiración de convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a propósito de influenciar de manera directa la toma de decisiones a nivel internacional.

Precisamente, la llamada nación – continente no escapa del desencanto mundial que se ha producido con la fe democrática y la ola de liderazgos antisistémicos que repudian el estatus-quo y la política tradicional.

Bajo este grito, surge Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL), el llamado Trump brasileño que consiguió más del 46% del voto en la primera vuelta electoral y 52 diputados de 513 en disputa, que de resultar ganador tendría que lidiar con una alta fragmentación del Congreso y un desprestigio del sistema político.

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Después de un año de negociaciones espinosas, sensibles y desafiantes entre México, Estados Unidos y Canadá para actualizar el TLCAN, ha terminado la incertidumbre y los gestos titubeantes para la relación bilateral más importante de nuestro país con el mundo: México y Estados Unidos llegaron a un entendimiento comercial. Un avance muy significativo si calibramos los contextos políticos y económicos que se dieron con la llegada de la furia populista, nativista y proteccionista de Donald Trump, quien supo traducir con astucia su vocación antimexicana y antiinmigrante en votos electorales sumamente rentables en materia política.

Precisamente hace un año, cuando terminaba la primera ronda negociadora y nos enfilábamos hacia la segunda etapa de las conversaciones bajo la consigna de reducir el déficit comercial de Estados Unidos y acabar con el “peor acuerdo comercial jamás pactado”, nadie imaginaba la escalada de agresiones traducidas en la cláusula sunset, las ventanas de estacionalidad agrícola o incluso la posibilidad de elevar los salarios para evitar el traslado de riqueza y empleos a México.

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El gobierno autoritario, dinástico y sin oposición (como atestiguó la elección de 2016) de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua ha sufrido un revés político mayúsculo con los jóvenes indignados y las protestas sociales que han sacudido el estatus quo y puesto en jaque el carácter personalista del gobierno que ha alargado su estancia en el poder, gracias a la figura de la reelección indefinida y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el país más pobre de Centroamérica.

El empresariado, que había formado una alianza con el mandatario, parece gradualmente buscar su remoción y simpatizar con la causa social. Empero, debe recordarse que Ortega sigue manteniendo un férreo control de los tres poderes del Estado, junto con el ejército, la policía y los medios de comunicación, como en su momento lo hiciera el régimen Somocista que él mismo aborreció y derrocó mediante el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Recordemos que Ortega logró consolidar su figura gracias a la bonanza petrolera venezolana que le permitió controlar todos los hilos del poder, brindar asistencia social a la población y pactar con el empresariado. Una vez que Venezuela cortó parte de esta ayuda, los programas sociales se vieron reducidos e incluso se forjó la bancarrota del Instituto de Seguridad Social (ISS) que tras una serie de reformas a los pensionados -incremento del 5% para recibir atención médica y aumento a las cuotas asignadas- provocó malestar y grandes protestas sociales. Bajo la inconformidad se detonó el germen del cambio y se cuestionó la gestión del gobierno encarnada en la pareja presidencial.

Fuente: lainfo.es

Lo que inició como una protesta pacífica hace cuatro meses se convirtió en un asunto político de gran envergadura. Jóvenes portadores de frescura, liderazgo y sin experiencia política que sembraron la transformación democrática y estimulado la conciencia crítica y colectiva para demandar la salida de Daniel Ortega y la celebración de elecciones anticipadas. Un primer avance fue la participación de la Iglesia Católica como mediador y la creación de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, el escepticismo se ha adueñado de los nicaragüenses porque en duda está el carácter autónomo e independiente de dicho órgano, compuesto por legisladores sandinistas.

En su último reporte preliminar, la Comisión de la Verdad actualizó la lista de incidencias a 279 personas fallecidas y más de 2 mil heridos, aunque algunos medios internacionales afirman que hay un mayor número de víctimas. La comisión también dictaminó ampliar hasta la primera semana de noviembre la vigencia de su trabajo, fecha para la cual habrá de empezar a redactarse una nueva reforma electoral, según el cronograma de la OEA. ¿Será esta coyuntura la que obligue a Daniel Ortega a dar un mayor espacio y oxígeno a la oposición y/o cambiar leyes electorales para repartir de manera más equitativa el poder? Probablemente sí; pero bajo reservas. Por lo pronto ha servido como instrumento para no investigarlo penalmente y disminuir la intensidad de las protestas.

Daniel Ortega entrega cuentas favorables en combate a la inseguridad y el blindaje de las drogas y pandillas que ha diezmado a muchos países centroamericanos. Pero a cambio, ha privilegiado la represión de la oposición política, la restricción de la libertad de prensa y el nepotismo, cuya práctica ha favorecido el control completo del ejercicio del poder. Por ende, será difícil que abandone el poder; considerando que la reelección indefinida está habilitada en la Constitución, y seguramente será un punto no negociable al momento de redactar la nueva ley electoral. Por lo que de haber elecciones adelantadas, no es de extrañar que aparezca él o su esposa Rosario en la misma boleta electoral.

Por otra parte, la condena internacional no ha servido de mucho. El proyecto de ley estadounidense “Nica Act”, aprobado por la Cámara de Representantes en 2017 que propone restricciones de créditos de la banca internacional al régimen de Ortega, por corrupción, violaciones a los derechos humanos, y fraudes electorales, aún sigue esperando la aprobación en el Senado. Por otra parte, México, quien fungió como país líder del Grupo de Lima ante el deterioro democrático en Venezuela pudiera haberse erigido en actor mediador en Nicaragua, por nuestra talla diplomática, zona de influencia y posición geográfica, sin embargo la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que se respetará la “autodeterminación de los pueblos”, un principio característico de la política exterior mexicana del siglo XX. Ante el despertar nicaragüense, otros países de América Latina tendrán que llenar el espacio vacío que dejará México.

El pasado 1º de julio México atestiguó un tsunami político que habilitó el cambio de régimen por la vía pacífica. Después de 77 años de gobiernos emanados del partido hegemónico y los doce de la alternancia panista, los mexicanos indignados decidieron cambiar el curso de la historia con la llegada, por primera ocasión, de la izquierda bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dejó boquiabierto a la comunidad internacional por la matemática electoral que conquistó.

Bajo un sentimiento anti-PRI y anti-bipartidista el mensaje fue irreversible para el statu quo y la comunidad de naciones. Precisamente, el triunfo categórico de AMLO nos ensancha los parámetros de legitimidad internacional que tanto necesitamos cuando la imagen de México en el exterior se ha deteriorado y empequeñecido. El diseño institucional nos demostró que la democracia joven, precaria e incipiente y siempre perfectible podía dar un salto cualitativo, a propósito de avanzar hacia el difícil pero más certero terreno de la consolidación.

Este bono histórico y democrático adquirido por México pudiera utilizarse en el terreno de la política regional e internacional en aras de acreditar nuestra autoridad moral que camina descompuesta y cabizbaja por los flagelos de la violencia, inseguridad, impunidad y la riqueza mal habida. Justo ahora, cuando México consigue una mayor estatura democrática dentro del concierto de naciones, la diplomacia mexicana amenaza con regresar a prácticas soberanistas y de bajo perfil que se verán acompañadas de una asintonía de tiempos frente al reloj que marca el ciclo político latinoamericano.

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Colombia celebró la primera vuelta electoral el pasado 27 de mayo, el pulso político que se midió en las urnas para despedir al presidente Juan Manuel Santos (JMS), quien gobernó durante ocho años y entregó la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC que puso fin a 52 años de conflicto armado y a una matemática que arrojó 220,000 muertos, 25,000 desaparecidos y más de cinco millones de desplazados, según Amnistía Internacional. Una paz imperfecta que encuentra en el balotaje del próximo 17 de junio una encrucijada definitoria: avanzar con el proceso de implementación o meter reversa para rectificar lo que ha sido considerado una victoria histórica y soprendente para la comunidad internacional.

Al igual que la métrica política latinoamericana, JMS se despide de la Casa de Nariño con amplios índices de rechazo e impopularidad. No escapa a las tendencias de Enrique Peña Nieto en México (EPN), Horacio Cartés en Paraguay o Michel Temer en Brasil. El galardonado Premio Nobel de Paz, quien no encuentra reinvindicación al interior de Colombia porque la paz no empata con el respaldo social, genera resistencias e imposibilita la esperada reconciliación.

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Vértice Internacional es un programa que analiza con ayuda de diplomáticos, académicos, legisladores, funcionarios, periodistas y activistas el acontecer mundial y sus impactos para México. Sus ejes temáticos examinan los desafíos de la seguridad colectiva global, los dilemas de la gobernanza económica, las elecciones clave para la política internacional, los retos del desarrollo sostenible, los asuntos de cooperación, así como el uso de tecnologías en las Relaciones Internacionales.

En cada emisión se pregunta por el acomodo de actores, los intereses en juego, la agenda de temas, las cuotas de poder y los costos en la toma de decisiones internacionales. Por ello el programa se ha convertido en un referente analítico de la política internacional, marcando una pauta en las cuestiones más importantes de la actualidad. Pese a la existencia de espacios dentro de la oferta informativa mexicana que dan cuenta de los asuntos globales, ninguno con la constancia y profundidad de Vértice Internacional.

De una serie inicial de 13 programas hemos estrenado 436 capítulos a lo largo de más de nueve años de trabajo. De esta manera, el programa se ha posicionado como una de las series más emblemáticas de producción original del Canal del Congreso

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La fragmentación de la península coreana en dos estados soberanos fue un hecho histórico que obedeció a la lógica de la Guerra Fría. Desde entonces muchas hostilidades y pocos acercamientos han tenido lugar en la búsqueda por la pacificación. Dos Cumbres se han celebrado únicamente (una en el año 2000 y la otra en 2007) más un diálogo con seis países -llamado coloquialmente a seis bandas-, pero que por el arribo de liderazgos conservadores en Corea del Sur y la actitud desafiante de su símil del Norte eclipsaron el impulso reconciliador. Ante los ojos de Pyongyang mostrar músculo nuclear resulta clave a la hora de colocarse en una posición de fuerza frente a enemigos y rivales.

Los años 2016 y 2017 no fueron distintos a los años anteriores. Corea del Sur probó su sistema antimisiles (THAAD) y Corea del Norte realizó, durante el primer año de Donald Trump como presidente, 20 pruebas de misiles balísticos, más del doble que durante la gestión de Barack Obama en el mismo periodo. Además, realizó una prueba con bomba de hidrógeno capaz de ser colocada en misiles balísticos intercontinentales, a propósito de alcanzar suelo estadounidense. Lo anterior obligó a Donald Trump prometer “fuego y furia” sobre Pyongyang.

Aunque desde el abandono norcoreano del TNP, se habían acompañado una espiral de sanciones económicas y diplomáticas, ninguna resultó ser suficiente para detener su ambición nuclear. Sin embargo, el recrudecimiento de la crisis económica de Corea del Norte, su aislamiento diplomático sumado a la amenaza de un ataque militar preventivo por parte de EE.UU. quizá presionó para cambiar la ecuación. Otros acontecimientos también ayudaron a los esfuerzos de distensión: el viaje que realizó Kim Jong-Un en marzo a Beijing, primero al exterior y único encuentro sostenido hasta ahorita con otro jefe de Estado. China es el principal aliado y socio comercial de Corea del Norte, y fuente primaria de energía y alimentos. China sabe que una crisis en ese país lo inundaría con miles de refugiados y, al fungir como facilitador, obtiene una carta para negociar otros temas o mejores términos con Washington.

Por otro lado, el cambio de gobierno en Corea del Sur bajo la llegada del Partido Demócrata Liberal en manos de Moon Jae-In, lo instó a reabrir los canales diplomáticos facilitando una invitación para que el equipo de Corea del Norte participara en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, a los cuales asistió Kim Yo-jong, hermana menor de Kim Jong-Un, quien a su vez presentó una carta sobre el interés de su hermano de mejorar las relaciones entre las dos naciones. Tegamos en mente que el nuevo presidente de Corea del Sur, es un personaje altamente conocedor y experimentado en asuntos norcoreanos, su propósito en materia de relacionamiento internaccional es alentar un nuevo acercamiento con Corea del Norte al tiempo de balancear sus relaciones con Beijing y Washington.

Kim Jong -Un y Moon Jae-in se preparan para estrechar manos sobre la línea de demarcación militar. Getty Images

De esta manera, se ha abierto una línea directa de diálogo y se han puesto de manifiesto algunas concesiones norcoreanas: la cumbre se realizará el 27 de abril en la zona desmilitarizada de Panmunjom, y no en Pyongyang como en ocasiones previas, además de prometer una moratoria sobre las pruebas nucleares y de misiles en función del avance del diálogo con EE.UU. La agenda estará enfocada en la desnuclearización de la península coreana, dejando de lado la situación de derechos humanos. De ella dependerá que se produzca, por primera vez, un encuentro entre los presidentes [en funciones] de Corea del Norte y EE.UU. Recientemente Mike Pompeo, el ya ratificado Secretario de Estado, se entrevistó en secreto con el mismo presidente norcoreano.

Aunque se trata de un hecho histórico, preocupa que tan ansiado encuentro se lleve a cabo cuando Joseph Yun, uno de los hombres claves del Departamento de Estado para Corea del Norte se haya retirado en febrero del 2018; y que Donald Trump no haya designado todavía un embajador en Corea del Sur.

Dentro del acertijo coreano se apunta el mensaje interno que Donald Trump busca propagar en la escena política en Washington: pese a los numerosos frentes abiertos, escándalos e intrigas alrededor de la Casa Blanca y las cuantiosas renuncias de su gabiente en los primeros quince meses de gobierno, el mandatario estadounidense sacude el tablero geopolítico global y concede un halo de esperanza al mundo con un acercamiento inédito con el regimen dictatorial de Corea del Norte. De esta manera desvía la atención del Russiagate y empodera su iniciativa internacional de cara a las elecciones intermedias de noviembre del 2018.

La Cumbre de las Américas que se celebra cada tres años en diferentes países del continente tendrá una edición desinflada y preocupante en Perú. No solo por la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y la consecuente inestabilidad política del país anfitrión, sino porque la furia populista, nativista y nacionalista de Donald Trump en Estados Unidos se ha empeñado en formalizar su desinterés hacia América Latina y desfundar el legado de Barack Obama en la región.

Con estrechez y visión corta, Donald Trump canceló su participación a la única Cumbre que puede reunir a Jefes de Estado y Gobierno de 35 naciones del hemisferio, un desaire mayúsculo en aras de privilegiar sus intereses geopolíticos en Siria y Medio Oriente. –Ni siquiera una mirada distraída le valió para la región-.

La VIII Cumbre de las Américas en Lima, la primera -y quizá última- a la que habría asistido Donald Trump, camina desangelada por el desgane de la diplomacia estadounidense en la región. La apatía mostrada por articular una política exterior integral y de conjunto hacia América Latina ha sido desechada en aras de privilegiar acciones bilaterales focalizadas y respuestas compartimentadas.

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Esta semana se celebra el 29º Congreso Nacional de Ingeniería Civil en México “Planeación, ética e innovación para un desarrollo equitativo y sustentable”, cuyo objetivo principal es presentar y discutir propuestas para transformar la ingeniera civil mexicana de cara a las exigencias y determinantes del siglo XXI.

Aunque alejado -quizá- el tema del interés ciudadano promedio por asociarse a tecnicismos, no podemos perder de vista el rol fundamental que la ingeniería ha desempeñado en el transcurso de la historia de la humanidad para la solución de problemas específicos apelando al ingenio, perspicacia y creatividad humana, con la intención de generar una transformación positiva y contribuir a la riqueza nacional, crecimiento económico y desarrollo social e inclusivo.

Huelga decir que la ingeniería civil es esencial para adaptar y mitigar los efectos perversos del cambio climático y atender la sostenibilidad y resiliencia, en un momento en que nuestro futuro es cada vez más incierto y amenazante por habernos sobrepasado con los límites del planeta. Es la ingenieria, la disciplina que tiene mucho que aportar a la hora de transformar los patrones de desarrollo, consumo y estilos de vida para alcanzar economías bajas en carbono.

Si bien la ingeniería mexicana tiene una larga tradición y prestigio, como se señala durante el Congreso, falta consolidar un esfuerzo en materia de innovación, considerando la revolución tecnológica que atravesamos y la situación en la que nos encontramos: décimo cuarta economía del mundo, pero sexagésima primera en materia de competitividad. En ese sentido, la Sesión Plenaria de este Congreso, que tuve el privilegio y honor de moderar, tuvo como propósito invitar a los aspirantes presidenciales de México a compartir su visión y puntos de vista sobre el tema; pues resulta imperativo conocer los posicionamientos de los tomadores de decisiones al tiempo de compartir y hacer públicas las preocupaciones y demandas del gremio, un ejercicio que contribuyó al diálogo, al quehacer público y al juego democrático.

De esta forma, los contendientes que asistieron (cuatro de seis), abogaron no sólo por destinar mayores recursos para el desarrollo y planeación de infraestructura, sino por generar alianzas entre los distintos niveles y sectores del rubro: público, privado, social y académico, para desplegar esfuerzos que perduren en el tiempo, sin caer en malas prácticas y/o criterios sexenales.

Entre los aprendizajes que obtuve de esta valiosa experiencia, comparto con Ustedes lo que para mí, como internacionalista, es primordial: enfilar y posicionar al país hacia los requerimientos y demandas que exige el mundo globalizado e interdependiente privilegiando la prospectiva, innovación y desarrollo tecnológico, además de la ética y responsabilidad en el ejercicio profesional.