El próximo 3 de junio se abre a la firma el Tratado de Comercio de Armas de la ONU (ATT). Con una abrumadora mayoría de votos se adoptó este acuerdo en la Asamblea General de la ONU, tras siete años de espinosas negociaciones y varios años previos de múltiples trabas y divisores. Se trata del primer acuerdo que regula la transferencia internacional de armamento convencional. No se trata de prohibir el comercio legal de armas sino ponerle un “hasta aquí” a la libre oferta y demanda con el objeto de evitar su descontrol, la proliferación, así como el desvío hacia mercados ilícitos o países no autorizados.

Otorgar un marco de referencia al comercio internacional de armas era un asignatura pendiente y una obligación moral de la comunidad internacional. Según, el “Estudio de Armas Ligeras” publicado por una organización independiente en Ginebra, hay 875 millones de armas que circulan por todo el mundo, siendo que menos del 25% de éstas se encuentran en manos de los gobiernos y el otro 75% está diseminado en la sociedad. ¿Cómo reducir este enorme arsenal de armas que van desfilando por el mundo? ¿Cómo persuadir a los civiles para que se desarmen, evitar el mal uso y que caigan en manos equivocadas?

Sin duda, un tema complejo y lleno de incógnitas y vinculaciones que se derivan de los fuertes intereses políticos, económicos y de “seguridad nacional” que tocan las fibras más sensibles de las grandes potencias y economías emergentes que son productoras y exportadoras de armas. Con una poderosa industria que genera alrededor de 70,000 a 100,000 millones de dólares anuales y en la que se registra un aumento global del 17% de las transferencias internacionales de armas convencionales en el último decenio, según cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) se antoja difícil cualquier intento por regular sus productos.

No obstante lo anterior, el apoyo conseguido por 154 países pone al desnudo la necesidad de abrir la venta de armas al escrutinio internacional. De entrar en vigor este acuerdo cada país deberá evaluar -antes de toda transacción y transferencia- si las armas vendidas pueden ser utilizadas por los países destinatarios para violentar los derechos humanos, cometer genocidios y limpiezas étnicas, esquivar embargos internacionales y pasar por alto las sanciones que emite el Consejo de Seguridad de la ONU, una victoria difícilmente entendible si no tomamos en cuenta la participación de la sociedad civil global que ha hecho mucho por coronar la agenda de los derechos humanos.

 El mensaje está claro: las exportaciones de armas quedarán indexadas a los registros que los países importadores tengan en materia de derechos humanos, una vinculación que se antojaba necesaria y que deprecia las invocaciones y aspiraciones soberanistas cuando se pretende poner en vilo la protección de los derechos humanos. Ahora los países estarán obligados a presentar informes y a ser evaluados por los demás. Un paso importante para desentrañar esta larga y enquistada cadena de intereses.

LA MATEMÁTICA DEL VOTO

Este tratado no pudo alcanzar un acuerdo por consenso debido a la negativa que mostró Irán, Corea del Norte y Siria frente a este tratado, justamente países que no tienen cartas credenciales que presentar en materia de derechos humanos y que han estado sujetos a diferentes sanciones por la comunidad internacional. A ello le siguieron 23 abstenciones provenientes de países exportadores de armas como China y Rusia y de naciones pertenecientes al bloque del ALBA, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador que también se abstuvieron por los criterios utilizados en materia de derechos humanos.

Quizás la mayor sorpresa surgió de EE.UU; -el mayor productor y vendedor de armas del mundo- que atrapó la atención de la comunidad internacional cuando le confirió su voto de apoyo al Tratado de Comercio de Armas de la ONU, al tiempo que es de todos conocido su espíritu escéptico y renuente que practica en torno al sistema multilateral. Tras haber aislado el proceso de inicio, EE.UU. avaló el tratado porque considera que no se contraviene la Segunda Enmienda Constitucional, la cual consagra el derecho inquebrantable de sus ciudadanos a poseer armas. Sin embargo, la “hora de la verdad”  llegará cuando tenga que pasar por la ratificación del Senado y es aquí donde numerosos actores se han alzado en contra, desde distintos senadores y gobernadores hasta la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).

El debate en EE.UU. sobre el Tratado de Comercio de Armas de la ONU no sólo gira alrededor de la posibilidad de violentar o no el derecho constitucional sino de que pueda afectar la propia normativa y legislación nacional, un hecho que desmiente el Dr. Roberto Dondisch, Director General de Temas Globales de la SRE y principal negociador de México ante el Tratado de Comercio de Armas de la ONU, al señalar que este tratado únicamente se aplica a la transferencia internacional de armas.

Pocos esperan que la ratificación senatorial proceda en EE.UU; y mucho menos cuando el presidente Barack Obama recientemente celebró los sinsabores de la derrota luego de que el Senado desechará la propuesta de ley que buscaba imponer controles a la venta de armas de tipo militar y de cargadores de alta capacidad, así como revisar antecedentes de quienes las adquirieran, una batalla no del todo perdida en los estados de la Unión Americana que consiguieron endurecer sus leyes como lo hicieron Colorado, Nueva York, Connecticut y Maryland, entre otros.  Calificado como “un día vergonzoso para Washington” tras no alcanzar los 60 votos necesarios para robustecer las leyes sobre tenencia de armas, Barack Obama recibió un severo golpe a su agenda política-nacional que encontró su punto de inflexión con la tragedia de Newtown y unos meses antes con el Aurora Shooting y otros sucesos más.

La historia todavía no está escrita y la entrada en vigor de este tratado perderá “músculo” si los grandes países productores y exportadores de armas no lo ratifican, no obstante se trata de una noticia significativa para la comunidad internacional y para algunos países afectados por el tráfico de armas como lo es México. Hoy se estima que alrededor del 80% de las armas decomisadas en México llegan bajo la procedencia de EE.UU. y que han sido utilizadas por el crimen organizado trasnacional, una problemática que se acompaña de la facilidad que tiene el país del Norte para exportar armas y las enormes ganancias que drena este negocio. México resulta ganador de esta ecuación multilateral, en la medida que se pueda combatir el desvío de armas hacia el crimen organizado y destinatarios no autorizados en nombre de criterios convenidos por la comunidad internacional.