El año electoral en América Latina arranca con los comicios de Ecuador que serán seguidos por las jornadas en Chile y Honduras respectivamente. La importancia de estas elecciones recae en que está en juego la continuidad de la izquierda progresista en América Latina y el futuro geopolítico de la región. Prácticamente bajo la espalda de Ecuador se carga con la responsabilidad de defender el proyecto socialista del siglo XXI.

Las elecciones en Ecuador no se pueden despegar del contexto regional e internacional. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el fin del súper ciclo en los precios internacionales del petróleo, la desaceleración económica de China, la revalorización del dólar y el trágico terremoto de abril del 2016 que echó para atrás el reloj del desarrollo en Ecuador, todos ellos ingredientes que deberá enfrentar el nuevo sucesor de Rafael Correa, incluso lidiar con una nueva correlación de fuerzas políticas en los países del Cono Sur ante la llegada de los conservadurismos en Argentina con Mauricio Macri, Brasil con Michel Temer y Venezuela con la oposición que controla la Asamblea Nacional.
De acuerdo a lo que señalan las encuestas –que hay que leerlas con sumo cuidado- se pronostica una segunda vuelta electoral. Es decir, Lenin Moreno, el candidato oficialista de Alianza País y continuista de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa difícilmente conseguirá el 50% de los votos o el 40% con un diferencial del 10% entre el primer y segundo contendiente. De ser este el caso, se abrirá un compás de espera hasta el 2 de abril.
Este juego electoral se desdobla entre el oficialismo y una oposición altamente dividida y fragmentada entre siete candidatos. Guillermo Lasso, el principal contendiente y quien perdiera las elecciones presidenciales frente a Rafael Correa en 2013 propone un proyecto político y económico diametralmente opuesto al de Lenin Moreno. Sus líneas de gobierno pasan por abrir la economía al exterior, eliminar una docena de impuestos y generar un millón de empleos. Por otro lado, tenemos el liderazgo de Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano, quien ha ganado mayor popularidad en las últimas semanas.

Un dato interesante y que ha levantado polémica alrededor de estas elecciones es la consulta popular que tendrá lugar el mismo 19 de febrero, a propósito de que los ciudadanos ecuatorianos decidan si prohíben que servidores públicos posean dinero y activos en paraísos fiscales, una iniciativa que ganó luz, a raíz de los Panama Papers. Si bien se trata de una decisión contextualizada dentro del portafolio de la política exterior de Rafael Correa todo indica que tiene dedicatoria contra Guillermo Lasso, el principal adversario del oficialista Lenin Moreno.
Con este rally electoral, Rafael Correa se despide de 10 años en el cargo, el presidente con mayor permanencia consecutiva en el poder de las últimas décadas, pues recordemos que Ecuador ha sido un país de quiebres y sobresaltos en relación a la democracia, un recorrido histórico lleno de dificultades para robustecer su vida republicana ante los golpes de Estado, fragilidad institucional y las enormes diferencias que existen entre la costa y la sierra. No olvidemos el lapsus de inestabilidad política que atrajo los reflectores del mundo ante la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010, cuando se puso en peligro la vida del presidente Rafael Correa y la gobernabilidad del país.
De esta manera, Rafael Correa se despide de la presidencia de Ecuador con un índice de popularidad que ronda los 40 puntos porcentuales, la bonanza petrolera que le permitió financiar la Revolución Ciudadana con políticas sociales muy ambiciosas y reducir los índices de pobreza y desigualdad. Ahora todo cambia ante un panorama sombrío de la economía nacional: recortes, austeridad, endeudamiento y falta de solvencia fiscal aunado a una pérdida del PIB por el terremoto del año pasado.
Por último, otro factor que está empañando la jornada electoral es la trama de corrupción sistémica y endémica que se fragua en América Latina, ahora con el caso de la constructora brasileña Odebrecht, quien pagó sobornos a cambio de contratos de obra pública en diez países de la región. Este escándalo ha golpeado a Ecuador, a su élite política y a los funcionarios ligados al Plan Nacional del Buen Vivir.