Bolivia es un país con características muy particulares dentro del mapa de naciones latinoamericanas. Las diferencias étnicas y socioeconómicos han rasgado su historia, una narrativa que creció alrededor de un Estado precario acompañado de fuertes tensiones regionales. Como punto de partida la Guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia en 1879 que dejó a Bolivia sin acceso al mar y más adelante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, uno de los conflictos más sangrientos de la historia sudamericana y en la que Bolivia perdió parte de su territorio.
Con una sociedad heterogénea y pluricultural la cuestión “nacional” en Bolivia sigue siendo un asunto inacabado, un acontecer que provoca tensiones sociales con la existencia de 36 etnias indígenas, entre las que destacan los Aymaras y Quechuas hasta los Nahua, este último, un grupo nómada que se desplaza entre la frontera de Bolivia y Perú y que muchos presumen se está exterminando. Bajo este mosaico social y cultural es que la vida republicana en Bolivia desarrollada a lo largo de 180 años no le acompañó un sostén político que favoreciera la toma de decisiones hacia la mayoría indígena. Hasta que llegó Evo Morales a la presidencia, el primer mandatario de origen indígena en el país andino.
Con su revolución democrática y cultural, Evo Morales pudo refundar al país con la nueva constitución del 2009. Bolivia dejó de ser una república para convertirse en un Estado Plurinacional que habilita la participación de los pueblos indígenas en todos los niveles del poder estatal y local, incluyendo una cuota de parlamentarios indígenas por circunscripciones, un sistema de justicia indígena y el reconocimiento a sus reivindicaciones autonomistas, así como un modelo económico y social basado en sus recursos forestales. Por si fuera poco, establece un límite para la tenencia de parcelas, acotando los latifundios y reconociendo el acceso al agua y los servicios básicos como derechos humanos.
Bajo el sello de la carta magna del 2009, Evo Morales hace realidad su ideario político y social estableciendo el control del Estado sobre la economía y el domino directo de los recursos naturales, instruyendo que los hidrocarburos no se pueden privatizar y que la energía deberá ser manejada bajo la exclusividad y rectoría del Estado. Esta nueva dimensión de Bolivia contrasta con su parcial modernización capitalista que estuvo cimentada en los poderosos grupos terratenientes ligados al enclave minero y una economía dominantemente extractiva, dirigida al mercado internacional en donde fuertes intereses trasnacionales tuvieron lugar.
La historia de Bolivia es también la historia de la pobreza, el atraso y la desigualdad. Las cifras son escalofriantes: el 10% más pobre en Bolivia recibe tan sólo el 0.2% del total del ingreso, mientras que el 10% más rico se queda con alrededor del 48%, es decir 235 veces más, según lo señala el Plan Nacional de Desarrollo del 2010. Pese a esta realidad humillante, no podemos dejar de ver que Bolivia creció durante el primer semestre del 2013 al 6.5%, en palabras de Luis Alberto Moreno, presidente del BID, la economía andina que se ha cuadriplicado en los últimos ocho años.
Bolivia enfrenta múltiples divisiones y parcelamientos entre grupos y actores políticos. La rivalidad entre el bloque nacionalista, indigenista y popular frente el al conjunto de fuerzas conservadoras y de oposición han sellado la historia política del país andino que defiende dos proyectos dispares y que a lo largo del tiempo ha atestiguado golpes de estado, asesinatos y gobiernos repentinos. Los defensores del orden dominante han visto con mucho recelo y cuestionamiento las políticas instrumentadas por Evo Morales, el presidente que conquistó las urnas en 2005 con un respaldo de casi el 54% y en las que resultó reelegido en 2009 con un apoyo del 64%.
La llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia marcó un parteaguas en la historia del país, un hecho que difícilmente se puede entender sin la guerra del agua que dio lugar a una serie de protestas populares en Cochabamba en el año 2000 y que su principal detonante fue la privatización del abastecimiento del agua potable municipal bajo la distribución de la multinacional Bechtel, así como la guerra del gas en 2003 que tuvo como demanda principal abastecer el mercado interno antes de exportar gas al exterior. Esta efervescencia social tuvo impacto en el ideario político de Evo Morales, este líder sindicalista de los productores cocaleros que abanderó la nacionalización del negocio del gas, la lucha por mantener el cultivo de coca.
Evo Morales también promulgó una ley que permite al Estado revocar las concesiones mineras que en su mayoría se encontraban en manos privadas sin ningún tipo de indemnización para los titulares. Con esta medida, el gobierno boliviano prevé que se recuperen más de un millón de hectáreas de terreno y el 70% de las 2.454 concesiones mineras privadas que hay en el país. De igual manera, ha buscado avanzar en la reforma agraria, un tema pendiente en el país andino en el cual la tierra sigue concentrada en pocas manos y en muchos casos se queda sin explotar.
Bajo estas cartas credenciales es que Evo Morales busca una tercera reelección. De entrada un asunto que genera polémica debido a que la nueva constitución del 2009 no lo permite, porque limita a dos el número de mandatos consecutivos que puede ejercer el presidente. Mientras que la oposición muestra un rotundo rechazo a la reelección, el mandatario y su Partido Movimiento al Socialismo (MAS) se sustentan en el fallo que emitió el Tribunal Constitucional. Mismo que señala que se habilita la postulación de Morales, debido a que no se tomará en cuenta la primera gestión del presidente que inició en 2006, que se considera de la “era republicana” ya que la refundación del país se sella con la nueva del 2009.
Bajo una estampida temprana la carrera electoral en Bolivia comienza. Evo Morales, quien busca sellar su legado hasta el 2020 ha fijado el 5 de octubre del 2014 como la fecha a celebrar elecciones esquivando la definición de plazos electorales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Una vez más se confirma que los líderes de los países del ALBA utilizan el instrumento de la reelección para prolongar su estadía en el poder. Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador han seguido fieles a sus prácticas.
BOLIVIA: EL MASTICADO DE HOJA DE COCA
La lucha por mantener la reivindicación cocalera en Bolivia atiende a un interés nacional y ancestral, los usos y costumbres de los pueblos indígenas como el masticado de hoja de coca que también ha sido utilizado como un activo dentro de la plataforma de política exterior del presidente Evo Morales. Una de sus mayores victorias diplomáticas fue cuando la ONU levantó el veto al uso cultural y medicinal de esta planta sellando el regreso de la Bolivia a la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU en enero del 2013. Con esta jugada la hoja de coca deja de ser penalizada y satanizada por parte de la comunidad internacional.
América Latina ya abrió un debate hemisférico sobre la problemática de las drogas y los escenarios alternativos, un tema clave de la pasada Cumbre de la OEA que se celebró en Guatemala. Naciones como Colombia, Uruguay, Chile y Guatemala atestiguan una serie de iniciativas que caminan desde la despenalización y discriminalización hasta la legalización de algunas drogas. México sigue avanzando en un debate que toma cada vez más fuerza, el último foro tricameral sobre el uso de las drogas al que asistió José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, quien señaló que la estrategia contra las drogas en América Latina ha sido equivocada.
Para Bolivia el sistema de control de drogas ha generado guerras y muerte en los países latinoamericanos, además de haber arrollado a culturales ancestrales que han utilizado algunas de estas plantas para uso medicinal. El masticado de hoja de coca en Bolivia es una práctica que durante muchos años recibió la espalda de la comunidad internacional, porque a diferencia de considerarla un “estupefaciente” la conciben como patrimonio cultural. Hay que recordar que Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca, una planta sagrada utilizada por los pueblos indígenas desde la época del imperio inca y que ahora el Estado protege como factor de cohesión social promoviendo su revalorización, producción y comercialización, una activo establecido en la nueva constitución del 2009.
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Rina Mussali 