América Latina enfrenta un reto mayúsculo en torno al funcionamiento de las democracias y Honduras no es la excepción. Bajo un contexto de gobernabilidad precaria, crispación política y la existencia de un estado débil, incipiente y clientelar es que los hondureños dudan de los beneficios de la democracia aún cuando lograron restablecer en los años ochenta la supremacía civil sobre el mando militar. La insatisfacción con la democracia deviene de un país que está sumido en una franca crisis política, económica y social y que ha drenado pocos beneficios a la calidad de vida de sus ciudadanos.
Las elecciones del 24 de noviembre en Honduras asumen un carácter distintivo en este 2013. La llegada de Xiomara Castro al frente del Partido Libertad y Refundación o conocido popularmente como el Partido “Libre” amenaza con fracturar uno de los pilares tradicionales del sistema político hondureño: el bipartidismo. El cual favoreció la alternancia entre el Partido Nacional y el Liberal durante las últimas décadas. Ahora bajo la estela de un tercer candidato -la esposa del expresidente Zelaya- y nueve partidos políticos es que la contienda política no puede sacudirse del golpe de estado de hace cuatro años. Una sombra que obliga a la candidata presidencial a proponer la refundación del Estado, crear una nueva constitución, recortar el peso de los militares en la vida política y alinearse a los países del ALBA en materia de política exterior.
La escena política hondureña no puede entenderse sin los resabios del golpe de estado que expulsaron a Manuel Zelaya de la silla presidencial. Hay un antes y un después del quiebre constitucional del 2009 que aisló a Honduras de la comunidad internacional y que evocó el pasado autoritario, los gobiernos ilegales, las conspiraciones militares, el peso de la dictadura y los presidentes provisionales. La combinación de los poderes fácticos enquistados en las fuerzas armadas y los grupos económicos conservadores junto con otros bastiones del poder como el Congreso fueron las fuerzas que activaron todo su poder para mantener el statu quo y eliminar un posible nodo chavista.
El drama político hondureño cohabita con el clima de inseguridad y criminalidad que ha ido creciendo de manera muy preocupante. Como uno de los países que abriga la mayor tasa de homicidios en América Latina, hoy San Pedro de Sula, considerada la capital industrial del país supera a Ciudad Juárez como la metrópoli más violenta del mundo. Una problemática asociada al narcotráfico exportado desde México y a las actividades delictivas de las pandillas juveniles como los “maras” que han impuesto serias interrogantes sobre la gobernabilidad que impera en Centroamérica y en su argolla más débil: Honduras.
A la crisis política en Honduras se le suma la situación económica endeble de este país centroamericano que alguna vez fue considerado “todo un enclave bananero”. Atado a la economía de EE.UU. como su principal socio comercial, Honduras ha visto reducir sus ingresos frente a la caída de las exportaciones del café y de la demanda de maquila por parte de la Unión Americana. Un contexto que se entrelaza con el incremento de la deuda pública, el déficit fiscal, el desempleo y con indicadores sociales alarmantes como la pobreza y la desigualdad social. Las cifras estiman que 7 de cada 10 personas son pobres y que el 20% de la población controla el 80% de los ingresos.
Con estas elecciones el panorama se vuelve cada vez más incierto. El empate técnico entre José Orlando Hernández, el candidato oficialista del Partido Nacional con Xiomara Castro del Partido Libre nos augura nuevos divisores y fragmentaciones en la clase política. Se estima que ningún partido político conseguirá la mayoría parlamentaria, un entorno peligroso si tomamos en cuenta que en Honduras al igual que en México no existe la segunda vuelta electoral. ¿Otro golpe de estado pudiera materializarse en Honduras bajo un posible regreso de Manuel Zelaya a la presidencia ahora en calidad de esposo de Xiomara Castro?
Rina Mussali 